18 de Septiembre del 2018 | 13:59 | Ciudad de México | °C -

Rechazo contra ley seguridad interior México

Ley de seguridad interior

Organismos de derechos humanos aumentaron el miércoles su presión contra una controversial ley que busca regular y ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y que ha sido duramente criticada por quienes temen que se incrementen las violaciones a las garantías individuales.

El Senado mexicano discutía el miércoles la Ley de Seguridad Interior, de 34 artículos, que podría ser aprobada el jueves en el pleno, mientras opositores manifestaban a las afueras de la Cámara alta y decenas de policías resguardaban la instalación.

El proyecto contempla, entre otras medidas, la intervención de militares y marinos para controlar, repeler y neutralizar actos de resistencia, lo que activistas ven como una amenaza a protestas de ciudadanos -que podrían ser sometidos con exceso de fuerza-, a meses de una elección presidencial para las que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza los sondeos.

La violencia desatada en México por el crimen organizado ha cobrado la vida de más de 200,000 personas en la última década, incluso después de que el gobierno anterior sacara a las calles a decenas de miles de militares para combatirlo, pero lejos de ello muchos carteles del narcotráfico se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.

Activistas nacionales e internacionales han dicho que la ley provocaría más violaciones a derechos humanos y violencia, así como abuso por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.

"Esta ley no debe ser aprobada en forma apresurada pues pone en riesgo las libertades al dar mayor poder a las Fuerzas Armadas sin diseñar controles y contrapesos, sin incentivar el fortalecimiento de policías, y sin precisar hasta cuándo seguirán en labores que no les corresponden", dijo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

 

BUENA PERO EXCESIVA

"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que (...) se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior", dijeron en un comunicado conjunto.

En el mismo documento pidieron abrir "un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas".

Aunque los promotores de la ley afirman que es necesaria para regular las acciones de las Fuerzas Armadas, con diez años en las calles, inclusive quienes la miran con simpatía sostienen que excede las necesidades que han planteado los mandos militares.

"Las Fuerzas Armadas han dicho que si no cuentan con este marco normativo se van a retirar, esto es preocupante para cualquier territorio, para el país (...) Hay que dar este marco de legalidad a su actuación pero advierto en esta minuta excesos y disposiciones que rebasan lo que han solicitado", dijo el lunes el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Angel Mancera.

La ley también dice que el presidente del país podrá ordenar "por sí o a petición de los legisladores" o gobernadores que las fuerzas federales intervengan para implementar acciones de seguridad interior previo a la emisión de una declaratoria.

Esta parte de la ley ha sido fuertemente criticada por legisladores de oposición y organismos de derechos humanos que aseguran que, además de ser una decisión unilateral, limitaría la autonomía de los gobernadores estatales.

Otro artículo contempla dar más facultades al ejército para que pueda realizar trabajos de inteligencia, una labor que está reservada hasta ahora a entidades civiles y policiales.

El ejército mexicano ha pedido que se regule su operación y al mismo tiempo un mecanismo que establezca una fecha para que pueda volver a los cuarteles en virtud de que la institución no fue creada para combatir cárteles de la droga y sus delitos. La nueva ley no contempla una fecha para ello.

Según la CNDH, el número de agravios cometidos por las Fuerzas Armadas en contra de civiles aumentó de 1,635 casos entre 2000 y 2006 hasta los 10,751 en 10 años, después de la estrategia de seguridad del ex presidente Felipe Calderón.

Fuente: Reuters

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